Ni derogación ni gran revolución: análisis de una reforma laboral muy tímida

a reforma de la reforma laboral se anunció anteayer con gran alegría por parte de todas las partes implicadas. Como ocurre con las elecciones, parecía que todos habían ganado: empresarios, sindicatos, ministra de Trabajo, ministra de Asuntos Económicos… Y probablemente sea verdad que todos han vencido, porque la realidad es que la situación no cambia mucho.

Ni se ha derogado la reforma laboral, como había anunciado Yolanda Díaz; ni se ha tocado la indemnización de veinte días por año trabajado para aumentarla, como podría haberse esperado de los dos partidos de izquierdas presentes en el Gobierno. La realidad es que «lo que han hecho no ha sido para tanto. Ha sido un maquillaje, un tuneado que ha tenido mucho que ver con cambiar los nombres», sostiene José Luis Fernández Santillana, director del Servicio de Estudios del sindicato USO.

Lo que sí se logrará será reducir la temporalidad, que era la principal demanda de Europa. Nuestra tasa está entre el 24 % y el 26 % y la media del continente está en el 12 %. Con las nuevas medidas es de esperar que ambas cifras se equiparen, pero todo lo demás tiene mucho que ver con llamar a las cosas de otra manera: el contrato de obra y servicio desaparece pero pasa a integrarse en el temporal estructural o a ser fijo discontinuo, el de formación cambia de nombre pero sigue siendo lo mismo. Lo peor es que hay asuntos que siguen sin resolverse: «El contrato formativo es hasta los 30 años de edad. Es claramente un fallo del sistema», incide Fernández.

La ultraactividad está bien, aunque ya venía siendo así: un año de prórroga automática de los convenios mientras se negocia un nuevo instrumento de relación laboral entre la empresa y los trabajadores, siempre que la empresa no diga otra cosa.

En cuanto a la prevalencia del convenio sectorial sobre el empresarial, realmente sigue prevaleciendo el de la empresa salvo en la jornada de trabajo. 

Donde sí piensa Fernández que se ha avanzado algo es en la contratación de lo que llama «empresas pirata»: «Empresas de limpieza o de seguridad privada que tienen mucho que ver con la administración pública. Se han regulado mejor, aunque no se ha llegado al fondo».

Pero el sindicalista de USO insiste no solo en que no puede hablarse de derogación: «Ni siquiera puede hablarse de la parte más lesiva». 

Al mismo tiempo, Fernández llama la atención sobre que no se hayan tocado en la reforma aspectos de actualidad como la desconexión digital y el teletrabajo, los riders –los distribuidores de encargos a domicilio–, o los falsos autónomos. «Toda la problemática real no se ha abordado. Solo ha habido mucho maquillaje para complementar un objetivo que era cumplir con Europa en la cuestión de la temporalidad», añade.

Fernández estima que la reforma tiene algunos aspectos positivos por el lado de la modernización y eliminación de alguna cuestión abusiva, pero insiste en que es muy leve. «Se potencian los contratos fijos-discontinuos, por ejemplo. Se dice que los trabajadores de una empresa de trabajo temporal sean fijos aunque la empresa desarrolle un servicio temporal a la empresa que le contrata, pero esta es una cuestión de hace ya veinte años. Ya entonces teníamos un 25 % de temporalidad».

Fernández ve que básicamente la reforma laboral ha servido para hacerse una foto. Es muy positiva por haber logrado un consenso que no se había obtenido antes y que había provocado huelgas generales, pero ha ido más a cumplir con Europa que a resolver los problemas de fondo del mercado laboral. En esta línea, piensa que Yolanda Díaz puede haber ganado por la foto y Nadia Calviño por el contenido.

Por otra parte, Fernández estima que el acuerdo ha servido para blindar el protagonismo de CCOO y UGT. Desde USO llevan tiempo planteando cambiar el marco legislativo y fomentar la participación real de los trabajadores. La realidad es que los árbitros de los conflictos son siempre sindicalistas de UGT y Comisiones. «La letra pequeña del acuerdo indica que el cambio de formación para prácticas profesionales relacionado con la formación dual engrasa el sistema para que alguien se lo lleve», avisa. Los sindicatos mayoritarios han blindado su presencia al establecerse en la modificación de condiciones que negocien los representantes de los trabajadores. Piensa que debería haber algún modo de democratizar los marcos sindicales.

En otros planos, Fernández resalta que se mantengan los ERTE que introdujo la reforma de 2012 con bonificaciones a la Seguridad Social. Destaca que no se haya introducido la necesidad de justificar claramente por qué se realiza un contrato temporal: «Lo insinúan, pero se quedan a medio camino». Echa en falta que no se haya aprovechado la reforma para actuar más del lado del trabajador en los despidos improcedentes: «En la actualidad, cuando el despido es improcedente, el empresario es quien decide cuándo se reincorpora el trabajador. Si es improcedente, pensamos que debería ser el trabajador el que decidiera si vuelve a la empresa o recibe una indemnización».

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, piensa que el nuevo acuerdo laboral consolida la reforma de 2012, ya que «mantiene los elementos esenciales». Lamenta, sin embargo, que se hayan producido «retrocesos en la flexibilidad de las empresas para poder adaptarse a las distintas situaciones que se pueden producir». Los empresarios de Madrid piensan que «se ha desaprovechado una oportunidad magnífica para acometer las verdaderas reformas que necesita nuestra economía, para que las empresas sean más competitivas, eliminando las rigideces en el mercado de trabajo y facilitando que se aumentase sensiblemente la contratación». Según señala, con esta reforma no se avanza en la facilidad de contratar ni en resolver el problema más importante de nuestra economía, que es «el alto desempleo, especialmente el juvenil, al seguir negándole oportunidades a los jóvenes para iniciarse en la vida profesional».A pesar de todo, Garrido estima que la CEOE ha realizado «una buena negociación, ya que los planteamientos iniciales del Gobierno y sus socios hubieran sido dramáticos para la supervivencia de miles de empresas y un retroceso definitivo para la competitividad empresarial en caso de haberse llevado a cabo». En estos meses se han devaluado las pretensiones iniciales de modo que lo aprobado, dice, no ha sido tan dañino como hubiera sido una modificación más profunda o la derogación total, que era lo que pretendían el Gobierno y sus socios.